El Mundo de la Radio

Usaron un tipo de pólvora que no se consigue fácilmente en el mercado. Desde la emisora responsabilizan a funcionarios del Gobierno municipal.

Una bomba presumiblemente de fabricación casera estalló poco después de la medianoche del viernes en el estudio de FM “de la Bahía” de esta ciudad.

El artefacto, de alto poder, arrancó una ventana de hierro y provocó varios destrozos en el edificio ubicado en Brown y Mitre, a una cuadra del municipio.

Al lado de la emisora vive el dueño y director de la emisora, José María Clemant y su familia, quienes no se encontraban en el lugar al momento del hecho.

La explosión fue de tal magnitud que se escuchó a varias cuadras a la redonda, lo que provocó que a los pocos minutos llegaran a la escena efectivos de la Comisaría 10ª y varios vecinos atemorizados.

Las primeras conclusiones del trabajo pericial realizado por integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios indicaban que el explosivo había sido confeccionado con pólvora negra, utilizada comúnmente en artículos de pirotecnia. Pero posteriormente se supo que se trata de otro tipo de pólvora que no se consigue con facilidad en el mercado. “Es mucho más sofisticado el producto que usaron, y el que lo manipuló tiene que tener un alto grado de conocimiento porque es muy peligroso”, le explicó a este diario una fuente de la investigación
Clemant sospecha que el atentado es una reacción a las investigaciones periodísticas que viene realizando el medio. Fundamentalmente las que tocan de cerca al actual Gobierno comunal.

Al declarar en sede policial, responsabilizó al intendente Javier Iud, a su secretario privado, Ignacio Espinoza yerno del ex interventor de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen, aliado político del intendente, al secretario de Servicios Públicos, Gabriel Soria, y al empleado municipal Sandro Castro.

“De ahora en adelante, por la falta de garantías personales y para el libre ejercicio del periodismo, y por cualquier cosa que nos puedan pasar a mi familia y a todos los integrantes de la radio, hago responsable al gobierno de Iud”, indicó.

“FM de la Bahía fue la que detectó y denunció presuntos sobreprecios en la obra de asfalto que se realiza aquí -50 cuadras a casi 27 millones de pesos-, el pago de 170 mil pesos por una obra que en apariencia no se realizó; observaciones varias a la ejecución presupuestaria de 2008, entre otra serie de irregularidades administrativas que son investigadas”, manifestó en un parte de prensa que también lleva la firma de Fernando Frugoni.

En las últimas semanas el tema que ganó mayor protagonismo en los medios fue justamente el juicio que el Tribunal de Cuentas le iniciará al secretario de Hacienda, Luis Esquivel, y al de Obras Públicas y Vivienda, Claudio Palomequez por la apertura de una calle en el puerto de San Antonio Este. El trabajo costó cerca de 170 mil pesos, y se llevó a cabo sin el llamado a licitación y otras supuestas irregularidades.

Iud, que el 12 de diciembre de 2008 advirtió en un parte de prensa oficial que tanto él como los funcionarios de su gabinete no darían más reportajes a los periodistas de la radio, inició en las últimas semanas una escalada de violencia verbal y descalificaciones hacia los integrantes de la emisora”, puntualizaron.

“Acusó a Clemant de haber instigado un paro con corte de rutas que realizaron 140 trabajadores de una pesquera que cerró sus puertas y se negaba a pagar las indemnizaciones y de los hechos de violencia registrados en la delegación de la secretaría de Trabajo provincial.

También el intendente en declaraciones periodísticas dijo que la radio es una propaladora de estupideces y que Clemant y el periodista Fernando Frugoni, lo único que hacen es hablar boludeces”, recordaron.

Esta es la segunda agresión que padecen en los últimos meses. A fines del año pasado ingresaron al patio de la vivienda e intentaron incendiar el auto del titular del medio.

Al igual que este último hecho, no se sabe hasta el momento de responsables

(tomada de Noticias Net)

Un inexplicable cierre de una radio emisora concretó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La entidad estatal cerró e incautó los equipos de Radio Circo porque supuestamente habría violado normas sobre los estudios auxiliares. El propietario de la emisora niega que esté en falta y afirma que su licencia fue renovada en el 2008. Mientras en el país proliferan las radios ilegales, el Estado procede a cerrar las radios legales.

Emigdio Peralta, propietario de la citada emisora lamentó que la Conatel haya procedido a la clausura de la emisora sin siquiera realizar una comunicación por anticipo.

“Lo mínimo que debían hacer era un sumario y después proceder a una amonestación” señaló Peralta pero la entidad reguladora de las comunicaciones ni siquiera notificó del procedimiento administrativo y procedió directamente con el decomiso de los equipos, informó radio Cardinal.

“Cerraron la radio y se llevaron todos los costosos equipos” agregó el propietario de la citada emisora, quien comentó que emisora tiene licencia hasta el año 2017, ya que renovó la misma en el 2008.

Peralta adelantó que recurrirá ante la justicia para recuperar sus equipos y poder volver a operar.

Radio Circo emitía su señal en frecuencia modulada, en la frecuencia 104.5 y sus estudios están emplazados en Mcal. López y boulevard Gondra.(Paraguay.com)

Radio LV2 de Córdoba, es la emisora más antigua del interior del país con más de 80 años de trayectoria. Los trabajadores no cobran sus salarios desde diciembre de 2009, los empresarios a cargo habían hecho un acuerdo en la Dirección de Trabajo pero no se cumplió. En Asamblea decidieron la toma de la radio.
En declaraciones a LT14, Gustavo Manzanelli, uno de los trabajadores contó la difícil situación por la que están pasando los 64 empleados de la radio que desde diciembre no cobran sus salarios.
Contó que los problemas no son nuevos, vienen desde hace varios meses, en su momento hubo, según detalló, “una larga reunión en Trabajo, en la que se llegó a un principio de acuerdo”.
Mencionó el periodista cordobés que esta emisora actualmente, según lo último que saben, pertenecería “al grupo Uno Medios, de Vila – Manzano”. A su vez, explicó que “ellos dicen que han vendido las acciones y entre los nuevos dueños se menciona a Ricardo Jaime, al ex gobernador De la Sota, por mencionar algunos”, remarcó.
Según el último acuerdo “el 10 de febrero iban a pagar el sueldo de diciembre y los de enero y febrero en tres cuotas y lo de marzo normalmente, en abril, pero no lo cumplieron”.
Dijo Manzanelli que ahora la radio está “acéfala” porque renunció el gerente y la están vaciando. Agregó que “lo que hicieron es pagarle a 24 empleados, de 64 que somos y
ayer (lunes) no se presentaron a la audiencia, esto originó multas y tomó intervención la justicia federal”.
Por otra parte, indicó que en la asamblea realizada este lunes “con dos votos en contra y dos abstenciones y 40 votos a favor, se decidió la toma pacífica de la radio. Estamos haciendo uso del aire con comunicados, hemos convocados para la tarde de hoy (martes) a artistas, oyentes y todos los que se quieran acercarse para hacernos oír y pedir soluciones”.
Destacó el trabajador de la comunicación que “hay mucha incertidumbre en los trabajadores, porque además no aparece nadie a dar la cara y esto se soluciona de manera fácil, pagando los sueldos”.
Por último, consideró que están haciendo “todo para sostener” la radio; “estamos en lucha, no nos va a sacar nadie, la vamos a defender a muerte porque la radio es nuestra, junto con los oyentes”. (LT14)

La Asociación de Prensa de Santa Fe denuncia ante la opinión pública que este fin de semana se derrumbó el techo del único estudio operativo que quedaba en Radio Nacional Santa Fe.
Como consecuencia de este hecho los trabajadores de prensa de la emisora, con el respaldo de su entidad gremial, resolvieron no volver a emitir la programación local hasta tanto se tomen las medidas que corresponden para garantizar la seguridad y salubridad de los trabajadores de la radio.(La Opinion, Rafaela)

El funcionamiento ilegal de radios comunitarias fue expuesto ayer, como preocupación, al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, por los directivos de la Unión de Radiodifusoras del Paraguay. Solicitaron acciones concretas.
“Se le expresó al fiscal general la inquietud del gremio y se le pidieron acciones concretas al Ministerio Público en la persecución de los que explotan ilegalmente el servicio de radiodifusión, ya sea sonora o televisiva, que también están funcionando ahora según el informe que se tiene, ya hay canales de televisión, supuestamente comunitarios, pero que son ilegales, ya que el ordenamiento jurídico en nuestro país no lo permite”, explicó el asesor jurídico Juan Carlos Cañiza. Añadió: “Estamos investigando y averiguando ahora, sabemos concretamente que en Luque hay una emisora que está propagando imágenes. Se va a investigar, perseguir y cerrar ese tipo de emisiones ilegales”.

Refirió que van a hacer denuncias en todo el país contra el funcionamiento de las radios ilegales. “Se le pidió al fiscal el acompañamiento de los fiscales generales adjuntos que están en toda la República para que se implementen estas funciones y se persiga este flagelo de la radiodifusión nacional”, acotó.

Indicó que no hay ninguna persecución contra nadie. “Se aclara que no se está contra las radios comunitarias, que nuestra legislación las permite, estamos contra las radios ilegales y clandestinas, las radios piratas”.

En ese contexto explicó: “Los dueños de medios respetan las normas jurídicas del país, las radios comunitarias están previstas en ese ordenamiento jurídico y en la ley de telecomunicaciones, en los reglamentos de la CONATEL, y es más, las radios comerciales van a ayudar a las radios comunitarias a sobrevivir, pero lo que no van a permitir es que las radios ilegales descompongan el espectro, el mercado y están poniendo en grave riesgo a toda la sociedad paraguaya en general. El gremio va a denunciar todos los hechos ilegales, seguramente ese tipo de acciones va a ser perseguido y se van a realizar las acciones correspondientes, todo lo que sea contra el ordenamiento jurídico del país”, enfatizó.

“Queremos sustraernos del tema político, esto es ilegal”, respondió el abogado Juan Carlos Cañiza al ser consultado si hay autoridades que respaldan el funcionamiento ilegal de estos medios. Insistió en que se trata de una cuestión ilegal y que debe ser perseguida por la fiscalía.

Al ser consultado sobre la receptividad del titular del Ministerio Público, dijo que “recibió con muy buen ánimo a todos los dueños de medios, y prometió todo el apoyo del Ministerio Público, para perseguir a este flagelo”. La reunión se realizó en el despacho de Candia ayer a la mañana.(ABC Color)

Ayer en horas de la madrugada, un grupo de avezados delincuentes ingresó a las instalaciones de radio “La Ribereña”, ubicada en la cuarta cuadra del Jr. Asamblea, de propiedad de Jaime Pardo, conocido director del grupo de cumbia “Arenaza”, para robar los equipos de trabajo, entre ellos, el transmisor y unidades de sonido.

Lo insólito del caso es que los ladrones ingresaron por la puerta del edificio que da a hacia la citada arteria y subieron hasta el quinto piso donde se encuentra la radioemisora. Aparentemente su objetivo fue robar los equipos en referencia, pues subieron por las escaleras sin ingresar a otros locales que funcionan en el mismo edificio, entre ellos, un canal de televisión.

“Los ladrones subieron sin forcejear las puertas. Sólo en el cuarto piso rompieron un vidrio de la puerta, y luego volvieron a subir hasta el quinto piso. No hay evidencias de violencia en las cerraduras”, dijo el fiscal a cargo, Jorge Abad.

Los ladrones ingresaron a las instalaciones de la radiodiofusora y directamente se apoderaron del costosísimo transmisor y equipos de sonido.

“El personal de criminalística ha procedido a constatar lo sucedido en este ambiente. Felizmente a pocos metros de este edificio se ubica una cámara de vigilancia del municipio de Huamanga. Vamos a solicitar el video, ya que los equipos según nos indican son grandes y pesados y han tenido que estacionar un carro para cargar lo robado…”, señaló el nombrado fiscal.(tomado de Diario La Voz del Huamanga)

Comenzaron cuatro censos obligatorios, que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual planea realizar hasta el 15 de marzo. Para ello intimó a presentarse a todos los titulares de licencias de radiodifusión -excepto los de TV paga- y de señales audiovisuales para informar quiénes son los dueños de cada medio, en qué lugar emite y qué servicios brinda, entre otras cuestiones. A aquellas emisoras de radio y televisión que no se presenten se les cancelarán sus licencias, lo cual “implicará el cese inmediato de las emisiones”, dijo el organismo oficial.

Según la diputada radical Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, el Gobierno inicia un censo “aplicando la ley de medios, en desobediencia de cuatro fallos judiciales que la suspenden, porque quiere decir que la ley está vigente”.

En una sintonía parecida, el diputado socialista Roy Cortina, presidente de la Comisión de Cultura, aseguró que “es incongruente que se haga un censo sobre los medios que hay en el país, mientras el COMFER sigue otorgando y rechazando licencias de radios”.

De todos modos, en los primeros días de febrero se suspenderían estos censos, cuando el Gobierno se notifique de la medida cautelar de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, que suspendió “la aplicación y los actos de ejecución” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por irregularidades en la sanción de dicha ley (Ver “Las medidas …”).

Con estos censos, la Autoridad Federal quiere saber qué tiene cada grupo de comunicación y, en base a la nueva ley de medios, luego definirá los mecanismos de desinversión, para que se desprendan de radios AM y FM, canales de TV y señales audiovisuales, pese a que hay fallos judiciales que suspenden las desinversiones.

Las resoluciones que establecen estos censos se publicaron con la exclusiva firma del presidente de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, aunque por tratarse de un organismo colegiado tendrían que haber participado los otros miembros del directorio -Jorge Capitanich, Manuel Baladrón y Eduardo Seminara, ya que restan designar los tres que va a proponer el Congreso de la Nación-.

Para la diputada Margarita Stolbizer (GEN) “habría que ver si hubo delegación de funciones del directorio en el presidente o si Mariotto se arrogó esa representación”. A su entender, Mariotto se comporta como si todavía fuera el interventor del COMFER, pese a que había dicho que esta nueva Autoridad Federal sería colegiada, amplia y pluralista. Según Stolbizer, “estos censos son escandalosos”, porque “el mensaje que manda Mariotto es que todos tienen que pasar por su escritorio. Les manda mensajes a los que tienen radios, canales de TV y señales, ya que todos tendrán que ir a verlo para que decida a quiénes les da la posibilidad de seguir con sus servicios y a quiénes no”. (Clarin)

Los abogados Juan Carlos Cañiza y Milner Marcial Núñez, en representación de 7 radioemisoras y un canal de televisión; plantearon una demanda contencioso administrativa en contra de decisiones de la CONATEL. La entidad citada reglamento el servicio de radiodifusión sonora de pequeña y mediana cobertura y mediante ello se pretendía legalizar a las llamadas emisoras comunitarias.

Los recurrentes invocando a las empresas Radio Primero de Marzo, Radio Ñandutí, Radio Canal 100, Radio Ypoa, Radio 1000, Cadena Musical de Comunicaciones, Radio FM MAS de Coronel Oviedo y Teledifusora Paraguaya SA, Canal 13; piden como medida de urgencia la suspensión de los efectos de la reglamentación, hasta tanto se dicte sentencia.

“Es necesario aclarar que mis representados no están en contra de la existencia del funcionamiento o desarrollo de las radios de difusión alternativa, simplemente solicitan que al igual que ellos estas radios funcionen respetando el orden jurídico, constitucional, legal y reglamentario vigente en nuestro país, cumpliendo asi el principio básico establecido en nuestra Constitución Nacional, cual es el principio de igualdad”, añade en su argumentación.

La demanda puntualiza que los recurrentes son licenciatarios de estaciones de radio y televisión, que operan legalmente en la Republica; pues pagan impuestos, Tasas y contribuciones .

Igualmente, se cuestiona que actualmente se exija solamente copias simples de documentaciones, sin autenticaciones ante notaria; la falta de control que debe tener el ente regulador.(http://www.neike.com.py/articulo.php?id=21303)

Un canal de televisión y algunas radioemisoras nicaragüenses podrían cerrar operaciones en el 2010 a causa de la crisis, mientras que otras ya fueron absorbidas por un grupo vinculado supuestamente al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), informó este jueves el gremio.

“Algunos radiodifusores se han visto en condiciones económicas muy tristes y le han vendido sus emisoras al propietario del Canal 10, el mexicano Ángel González, quien tiene siete emisoras de radio”, denunció el presidente de la Unión Nicaragüense de Radiodifusores (UNIR), Jesús Blandón, al Nuevo Diario.

El magnate mexicano es propietario del grupo Radiotelevisión de Nicaragua S.A. (Ratensa), bajo cuya tutela operan Canal 10, las radioemisoras Tropicalida, Alfa, La Picosa y Joya, entre otras, de acuerdo a AFP.

El mexicano también es socio del Canal 4 del FSLN, que dirige el hijo del presidente Daniel Ortega, Rafael Ortega, según reportes de prensa y denuncias del político opositor Jaime Arellano.

“Al paso que vamos (el mexicano) Ángel González va a monopolizar todas las radios de Nicaragua en detrimento del pluralismo político y de la radiodifusión en Nicaragua”, advirtió el presidente de UNIR.

El hijo del mandatario controla, además de Canal 4, la oficialista Radio Ya, Radio Sandino, Radio Nicaragua de alcance nacional, Radio Viva FM y negocia -según El Nuevo Diario- la compra de Radio Mujer, una emisora que dirige una veterana militante sandinista.

El presidente propietario de Telenica Canal 8, Carlos Briceño, por su parte confirmó recientemente que negocia la venta de su estación con grupos empresariales nicaragüenses y extranjeros.

Briceño no quiso confirmar ni rechazar versiones de prensa que aseguran que entre los interesados por el Canal -que se destacaba por ser uno de los menos parciales del país- figura una de las empresas ALBA, de capital venezolano, vinculada a la familia presidencial.(El Universal)

Cristina Charão es integrante del colectivo de comunicación social Intervozes de Brasil y participa de la Primera Conferencia Nacional de Comunicación (CONFECOM). Explicó la díficil situación de las radios comunitarias en el país.

En conversación con la Agencia Púlsar y con Aler, Charão señaló que en Brasil se calcula que hay alrededor de 10 mil radios comunitarias de las cuales sólo una tercera parte está en regla.

Además, destacó que las emisoras que no están dentro de la ley son perseguidas por la Policía y por los órganos reguladores de Ministerio de las Telecomunicaciones.

Y agregó que, al mismo tiempo, hay una campaña de deslegitimación muy fuerte de parte de los radiodifusores tradicionales “que intentan poner sobre las radios comunitarias la idea de que son piratas e interfieren a los aeropuertos”.

La comunicadora también destacó que en Brasil la radiodifusión no autorizada se considera crimen y tiene penas de cárcel.

Esta situación se agrava por la gran concentración de los medios en el país. Charão mencionó que “sólo 10 familias concentran la gran mayoría de los medios” y que por ello tienen un poder muy grande, como es el caso de la cadena O Globo.

Al respecto, añadió que el escenario es de “oligarquías muy tradicionales que poseen los medios tradicionales de comunicación y de gigantes internacionales que poseen la infraestructura de la comunicación”.

Finalmente, indicó que “el marco regulatorio de Brasil es antiguo, no está actualizado y no respeta el mínimo de participación de la sociedad en ningún nivel”. (PÚLSAR)