El Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD), el cual aglutina a la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), Sindicato de Periodistas Independientes y Similares de El Salvador (Sinpess), Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (Corams), Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (Cidep), El Independiente, Diario Co-Latino, Radio Guazapa, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo El Salvador (Amarc-Es), sostuvo el cinco de noviembre una reunión con Tomás Campos, titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), para pedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y de Energía.
Esta petición viene reforzada por varios movimientos de izquierda, afines a la Quinta Internacional Socialista, los cuales buscan “afinar una batalla mediática y transmitir a los pueblos valores propios del socialismo”, y está pactada como una de las batallas acordadas a finales de noviembre en Venezuela y que integran en el Compromiso de Caracas, suscrito en el Congreso Internacional de Partidos de Izquierda, del cual el FMLN es uno de los firmantes. Según este modelo, los medios serían dirigidos por la Coordinación Internacional de Medios Alternativos de Izquierda, con un canal de información vía Telesur y Radio Sur, propiedad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). El planteamiento integra la “Artillería de la comunicación internacional para la emancipación de la conciencia revolucionaria”, y ahí, las radios comunitarias se convierten en uno de sus principales objetivos.
En El Salvador el MCD está respaldado por la Asociación de Radios y Programas Participativas de El Salvador (Arpas), según el manifiesto publicado en el Observatorio Regional sobre la Libertad de Expresión y Diversidad en la Radiodifusión, recomiendan “reformar y distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de la radiodifusión, para garantizar una democratización y mayor beneficio social de un bien que es colectivo. Existen leyes en otros países como Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay e innovadores anteproyectos de ley como el de Argentina, que consideran que alrededor del 30% de las frecuencias del dial debe reservarse para el sector sin fines de lucro”.
“Nosotros pedimos una ley completamente nueva”, aseguró Guillermo Ramos, presidente de Arpas, quien explicó que han señalado a la ley de servicios de comunicación audiovisual argentina “a manera de ejemplo”.
“No hemos propuesto un articulado específico de qué debe decir la ley”, sostuvo, y subrayó que las frecuencias de radio y televisión ya no deben adquirirse por medio de subastas.
En declaraciones anteriores, Ramos aseguró que la actual ley “ha sido utilizada para premiar a los medios que repiten el estribillo del Gobierno y como castigo para aquellos que son críticos al planteamiento del gobierno”.
Sin embargo, la figura de la ley en Argentina, ha llamado la atención tanto de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) como de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder). La primera, ha dicho que está a la expectativa de cualquier movimiento que pueda afectar a los periodistas, y la segunda, argumenta que en El Salvador la ley funciona y no es discriminatoria como sostiene el MCD.
La ley en Argentina ha sido férreamente cuestionada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en la Asamblea General expresó su preocupación por la virulencia dirigida desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sectores afines, contra periodistas, directivos y empresas editoras, que “tienen como objeto intimidar y afectar el normal desarrollo de la tarea periodística”.
La SIP instó a tomar medidas para la investigación y el cese de estas acciones en el futuro y a los poderes públicos a trabajar para garantizar el libre ejercicio del periodismo en un marco democrático y de convivencia pacífica.
El comunicado manifiesta que periodistas y medios han sido objeto “de una hostil escalada de hechos, agresiones e intimidaciones, provenientes de organismos públicos y de sectores afines al oficialismo, que lesionaron gravemente el principio de libertad de expresión”.
Las agresiones “incluyeron la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa, ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos de medios, la difusión de panfletos y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas en la vía pública”.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que representa a más de 17,000 emisoras privadas de radio y televisión en América, Asia y Europa, desde el mes de marzo, cuando aún era una propuesta de ley, manifestó su “grave preocupación” ante las “reiteradas y deplorables” interferencias satelitales registradas por las transmisiones de las emisoras de televisión y radio del consorcio argentino Clarín.
El ocho de noviembre anterior, el presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón aseguró en Buenos Aires que “hemos presenciado tres días de bloqueo a la distribución física de los diarios y la presidenta Kirchner no atendió la invitación a venir a esta asamblea, de frente a la opinión publica”.
La ley es casi una réplica de la venezolana, la cual deja en manos del gobierno de Hugo Chávez, la discrecionalidad para censurar a los medios de comunicación, y la cual tiene el Alba encaminada como política pública de comunicación a nivel interregional.
En Sudamérica, Venezuela y Argentina han aprobado leyes de regulación y control de medios, en el marco del rechazo social, y Ecuador, de la mano de su presidente Rafael Correa, quien mantiene una agria disputa con medios privados, ha puesto en marcha una reforma de ley.
Correa acusa a los medios de difundir información inexacta sobre su gestión, y de desarrollar una campaña para rechazar el proyecto, que ha polarizado a sectores involucrados en la comunicación.
El manifiesto de MCD habla de la ley de comunicaciones de Uruguay, y un movimiento similar intenta una reforma de ley, pero el presidente electo José Mujica, rechazó cualquier idea al respecto.
“No ha estado nunca en nuestra agenda ni en nuestro programa algo parecido. Y como opinión personal diré que no creo en que se pueda cambiar la realidad con medidas jurídicas”, e insistió: “Eso sería meternos en un lío y, además, sin resultados”, sentenció Mujica.
Según explica el Clarín, en Argentina, la ley ha servido para ejercer un intervencionismo y control sobre los medios. El medio detalla que “la ley le da amplias facultades al poder político para diseñar un sistema mediático a su medida”.
Entonces, ¿en El Salvador para qué serviría una nueva ley? El manifiesto del MCD detalla que es “para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión. Se debe eliminar la figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico, pues es inconstitucional y antidemocrático, ya que solamente favorece la consolidación de los oligopolios mediáticos del país”.
Sin embargo, para Asder, que representa a 125 empresas de radio y televisión, de momento no hay más espectros radiales y no encuentran razón para una nueva ley, ya que ésta podría tener fines de carácter políticos más que una apertura democrática.
Sobre el tema, EDH trató de obtener las reacciones del titular de la Siget, mas el departamento de comunicaciones explicó que no estaba en el país.
A pesar de ello, tanto Asder como Apes esperan que el Presidente Mauricio Funes, ex periodista, sea uno de los principales garantes de los medios y la libertad de expresión en El Salvador, ya amenazados por propuestas de restricciones y autocensura.(elsalvador.com)